miércoles, 21 de octubre de 2009

A ponerse las pilas contra el ‘Patacón’ electrónico, LP. Oct. 3

TAMARA DEL MORAL
tdelmoral@prensa.com

La tecnología ha impactado como un meteorito en la sociedad moderna, generando una explosión de cambios en las formas de vivir, aprender, comunicarse y de hacer negocios. Pero así como ha traído beneficios, también ha generado problemas, como la acumulación de basura eléctrica y electrónica o e-waste.

Greenpeace, en su informe Toxic Tech: Not in Our Backyard (2008), cita estimaciones de Naciones Unidas que señalan que en el mundo se generan entre 20 y 50 toneladas métricas de e-waste cada año. El informe proyecta que el e-waste aumentará, tanto en países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo, donde se espera que se tripliquen para 2010.

Aunque algunos fabricantes ya han reemplazado materiales en sus aparatos por otros menos contaminantes, aún hay artículos como celulares, computadoras y televisores ­sobre todo los más viejos­ que contienen químicos como cadmio, cobre, plomo, mercurio, níquel y cinc, entre otros, que al estar en los vertederos contaminan el suelo y las aguas, y afectan a trabajadores que se exponen a ellos. El problema se agrava, porque los consumidores reemplazan sus equipos con más frecuencia y no reciclan los anteriores.

En EU, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), solo el 18% de los 2.25 millones de toneladas de televisores obsoletos, computadoras y celulares fueron reciclados en 2007; la mayoría fue depositada en rellenos sanitarios. Según la EPA, se estima que en 2015, 73 millones de toneladas métricas de electrónicos llegarán al fin de su vida útil y podrían terminar en vertederos alrededor del mundo.

PANAMÁ

De acuerdo con cifras de 2008 de la Contraloría General de la República, se importaron al país productos por 775 millones 787 mil 174 dólares (valor CIF) en el renglón aduanero de “Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”.

En el caso de los celulares, Panamá ­con una población estimada de 3.3 millones de habitantes­ tenía 3 millones 804 mil 731 abonados de celulares en 2008 y un índice anual de 112.1 teléfonos por cada 100 habitantes, según cifras de la Autoridad de los Servicios Públicos. Pero no hay cifras sobre el e-waste en el país, ni leyes que regulen su disposición final.

Dennisse Jurado, de la dirección de calidad ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente, dice que la insti- tución está evaluando un anteproyecto de ley de fomento del mercado de valorización de residuos, que contempla incentivos fiscales, y que tenía objetivos muy ambiciosos, que se deben ajustar para que sean factibles para las empresas y el Gobierno. Otro anteproyecto, sobre el manejo de residuos peligrosos, en el que se incluyen los electrónicos, también está en evaluación.

¿QUIÉN PAGA?

El e-waste no desaparece si se entierra. Quemar estos desechos tampoco es lo ideal porque liberan toxinas. El consumo ético ayuda a prevenir su exceso, así como la reutilización de los aparatos hasta el final de su vida útil. Una opción aún incipiente en Panamá es el reciclaje.
Teléfonica Movistar lanzó en mayo de este año una iniciativa para que las personas depositen en recipientes especiales en los malls sus celulares, cargadores y baterías en desuso para que sean reciclados, y la empresa se compromete a sembrar un árbol por cada equipo. Pero, a juzgar por la basura que arrojan algunas personas en los recipientes, sobre todo en la Terminal de Albrook, hace falta más concienciación.

Pese a esto, Fernando Duque, director general de Recimax, empresa encargada del reciclaje, dice que se han recogido “más de mil celulares completos” y ya se plantaron los primeros árboles.
Duque añade que está en conversaciones con empresas interesadas en reciclar electrónicos como parte de su responsabilidad social y se ha reunido también con el Municipio para evaluar la posibilidad de realizar un plan piloto.

En lo que va del año, Recimax, la única planta de este tipo en el país, ha procesado 20 toneladas de electrónicos, incluyendo celulares, monitores y computadoras. En la planta se separan y clasifican los componentes. Para destruirlos, se exportan a EU.

Pero reciclar los electrónicos tiene un costo (que depende del aparato y su peso) el dilema es ¿quién debe asumirlo? En otros países se regula por impuestos y algunos fabricantes tienen programas de recolección.

Greenpeace sustenta que el contribuyente no debe cargar con el costo de reciclar artículos eléctricos viejos y que los fabricantes deben asu- mir la responsabilidad del ciclo total de sus productos.

En un sondeo realizado en prensa.com, donde parti- ciparon 188 personas, el 52.13% opinó que se debe establecer por ley el pago de una suma a los importadores y consumidores, que cubra el costo de tratar y reciclar los electrónicos. El 40.43% consideró que los municipios deben encargarse de recolectar y reciclar los dispositivos y que los usuarios deben pagar extra por ese servicio; y el 7.45%, que se deben seguir depositando en los vertederos sin pagar para reciclarlos.

Los ciberlectores comentaron que este problema “no debe ser una carga para el usuario”, “que le toca a los fabricantes pagar ese impuesto de recolección”; que “los municipios deben ser los que recolecten todo, pero con los camiones apropiados” y que “si los municipios se encargan van a lucrar con ello”, así “que ellos absorban el costo”.

Duque enfatiza que por ser una actividad delicada, todo debe ser regulado, especialmente el manejo de los desechos y certificar su adecuada disposición.

Y es que, como plantea Greenpeace, hay países industrializados que exportan estos residuos ilegalmente a otros, sobre todo de Asia, donde los trabajadores e incluso niños, se exponen a tóxicos al buscar materiales para revender. Para prevenir una crisis de ewaste, los fabricantes deben diseñar electrónicos “limpios”, que duren más tiempo, que sean seguros y fáciles de reciclar, y que no expongan a los trabajadores ni al ambiente a químicos tóxicos, añade la organización ecologista.

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