Greenpeace denunció que las 10 toneladas de pilas y baterías recolectadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son de marcas reconocidas y que exportarlas para su correcto tratamiento y reciclado en Europa o Canadá, como estas empresas hacen en otros países, es más económico que enterrarlas en el país en rellenos de seguridad. Procter & Gamble y Philips se defienden.
Las empresas a las que están reclamando son: Energizer Argentina S.A., Eveready Argentina, Panasonic, Rayovac/Valtra, Kodak, Procter & Gamble SA (DURACELL), Canon, Hewlett Packard, Nokia, Nextel Communications Argentina, Probattery, Claro Argentina, Telecom Personal S.A., IBM, Motorola, Lenovo, Sony Argentina y Philips.
Según datos del Gobierno de la Ciudad, la empresa Befesa S.A. (compañía especializada en la gestión integral de residuos peligrosos) presentó un presupuesto en el cual consigna que el costo para el tratamiento de las 10 toneladas de pilas y baterías mediante la disposición final en rellenos de seguridad rondaría los 72.600 pesos. Mientras tanto, y de acuerdo a un presupuesto solicitado por Greenpeace a la empresa Silkers SA,el costo de exportar esas mismas 10 toneladas de residuos de pilas para ser recicladas y lograr recuperar materiales valiosos y evitar el impacto ambiental de su disposición en rellenos, alcanza los 64.935 pesos.
La organización ambientalista exige que las empresas importadoras se hagan cargo legal y financieramente de las pilas y baterías que recolectó el Gobierno de la Ciudad; esto significa que se hagan responsables de la exportación para su posterior reciclado, ya que, en consonancia con la legislación internacional, son las empresas productoras, importadoras o comercializadoras las responsables por la gestión de los residuos de sus propios productos.
“Con un simple vistazo a las toneladas de pilas y baterías acopiadas por la Ciudad se pueden reconocer muchas de las marcas conocidas, Eveready, Duracell, Rayovak, Kodak, Energizer, entre otras. Todas estas compañías hoy se desentienden del destino de los residuos de los productos que colocan en el mercado”, señaló Yanina Rullo, integrante de la campaña de contra la Contaminación de Greenpeace.
Greenpeace resaltó que existen normas en diferentes países del mundo que obligan a las empresas a hacerse cargo del costo de la recolección y tratamiento de esta clase de residuos, como es el caso de la legislación de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y en el caso de América Latina, la reciente Resolución 1297 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia que establece la Responsabilidad Extendida del Productor para la gestión de este tipo de residuos.
“En otros países, como los que integran la Unión Europea, Canadá o Colombia, estas mismas compañías se hacen cargo de la correcta gestión de sus residuos; sin embargo en Argentina esta responsabilidad está ausente”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.
“La disposición en rellenos de seguridad es el método más difundido en Argentina para los residuos peligrosos, pero al igual que otras técnicas como la vitrificación o la cementización, no sólo son peligrosos sino que además se trata de métodos de aislamiento en celdas de materiales tóxicos que no pierden su condición y se convierten en pasivo ambiental”, declaró Rullo y agregó: “Lo más grave es que, más allá de la disposición en los rellenos de seguridad, en nuestro país enterramos la mayor cantidad de estos residuos a rellenos sanitarios comunes o basurales, lo que genera impactos mayores en el ambiente y la salud de las personas”.
Según el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, en los países de la región, como Argentina, se consumen 10 pilas por habitante por año, lo que significa más de 400 millones de pilas consumidas anualmente. Sólo cruzando esta cifra con el precio promedio de las pilas comunes más usadas -AAA y AA -, considerando un valor promedio de 3 pesos por unidad, el volumen de ingresos del sector que comercializa pilas y baterías llega a superar ampliamente los mil doscientos millones de pesos al año ($1.200.000.000). “Si se tiene en cuenta que las empresas obtienen grandes ganancias por colocar en el mercado productos tóxicos y difíciles de reciclar, resulta increíble que hoy se nieguen a hacerse cargo de los residuos de pilas y baterías”, sentenció Rullo.
El reciclado resulta hoy el método de tratamiento más adecuado: tanto las pilas primarias (no recargables o desechables) y secundarias (recargables) o baterías pueden ser recicladas y los materiales que las componen recuperados. La asociación de compañías que producen y comercializan pilas y baterías en Europa -European Portable Battery Association (EPBA)- considera al reciclado como el único método de tratamiento apto para este tipo de residuos frente a cualquier otro tipo de alternativa.
El foco principal de la combativa ONG ambiental se posó especialmente sobre el gigante Procter&Gamble responsable de la importación de las pilas líderes en el mercado argentino: Duracell.
Consultados por ComunicaRSE Procter&Gamble sostuvo que la empresa “se compromete en el diseño, fabricación y la distribución de pilas, de modo que se minimice el impacto sobre el medio ambiente, siguiendo el criterio de “Reducción en la Fuente”. Éste incluye el avance de la tecnología en la producción de pilas tanto alcalinas como recargables. De este modo, cuando los consumidores optan tanto por pilas desechables como recargables, pueden estar seguros del compromiso de Duracell con el medio ambiente. Diversos estudios respaldan la posición de “Reducción en la Fuente”, entre ellos el realizado por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Boston, Estados Unidos”.
Según los voceros de la empresa estadounidense en Argentina se “cumplen con las exigencias y los límites de contenido de metales establecidas por la Ley Número 26.184 de Energía Eléctrica Portátil, y cuentan con los correspondientes certificados emitidos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”.
“Esta empresa ha liderado los esfuerzos de la industria por eliminar sustancias peligrosas de las pilas alcalinas y, desde comienzos de la década del ‘90, las que produce están exentas de mercurio, cadmio y plomo. Es por eso que las pilas alcalinas y las de carbón zinc pueden ser desechadas con el resto de los residuos domiciliarios, sin que ello represente un peligro al medio ambiente”, agregó la empresa.
La Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indica que las pilas alcalinas no requieren del diseño e implementación de programas especiales de gestión que procuren su separación de la corriente de residuos sólidos urbanos. “Pueden ser desechadas junto a los residuos domésticos”, se defiende Procter.
Por su parte la empresa Philips, también ante un requerimiento de ComunicaRSE, adelantó que “en cumplimiento de la Resolución Nº 262 APRA/08 Philips presentó con fecha 24 de febrero del corriente año su “Plan de Gestión de Recolección y Disposición Final de Pilas y Baterías Recargables”. Se dará el debido tratamiento a todas las pilas recolectadas de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles”.
En ese mismo comunicado la empresa de origen holandés afirma apoyar la inclusión de una obligación de carácter nacional para la gestión de las pilas y baterías.
“La experiencia en Europa indica que es mejor tener una ley para el reciclaje de pilas y baterías y otra para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos(‘RAEE’) a fin de evitar que el flujo de residuos se mezcle durante la recolección y el tratamiento” sostiene Philips Argentina.
La empresa dice, además, “cooperar activamente” apoyando la sanción de una Ley en este sentido, siguiendo de cerca los avances de los proyectos en el Parlamente a través de las cámaras empresariales que integra y poniendo a disposición “su conocimiento personal idóneo en la materia”.
Greenpeace impulsa que el principio que establece la Responsabilidad Extendida del Productor alcance el estatus de ley nacional de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para que la población a través de sus impuestos, y los gobiernos locales dejen de ser los responsables de administrar la contaminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Asimismo, reclama que las empresas no obstaculicen el tratamiento de la ley de residuos electrónicos que se encuentra en el Senado de la Nación, que determina la responsabilidad legal y financiera de las empresas de aparatos eléctricos y electrónicos -incluidas pilas y baterías- sobre los residuos de los productos que colocan en el mercado.
“Las pilas y baterías, junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos, se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló Testa. “Es necesario que, para este tipo de residuos, se establezca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que amplía la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes e importadores una vez finalizada la vida útil de estos artefactos”, concluyó.
